Oligopolio en insumos electorales, desde hace 25 años: Córdova

Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) calificó como una "cortina de humo" y una persecución política las acusaciones de la administración federal y la revisión que pretende hacer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre su gestión.

En entrevista, el exconsejero respondió a los señalamientos emitidos desde la Presidencia de la República, donde se le ha responsabilizado de haber facilitado la llegada de Guadalupe Taddei a la titularidad del INE y de abrir las puertas a contratistas vinculados con los recientes escándalos.

Estas acusaciones —dice— buscan desviar la atención de la actual crisis de corrupción que enfrenta el organismo electoral.

"Lamentablemente lo que vemos es que la Auditoría Superior de la Federación parece estar haciéndole el juego al Gobierno de la República en este intento, el enésimo intento, de cubrir toda responsabilidad de Morena en el, digamos, haber encumbrado y encubierto a Guadalupe Taddei y en la trama de corrupción que en consecuencia se generó", lanzó.

En este tenor, afirmó que durante su gestión (2014–2023) el instituto fue auditado año con año sin que se encontraran irregularidades financieras mayores.

Incluso recordó que en 2022 se solicitó una auditoría especial y amplia que tampoco arrojó anomalías.

"Qué bueno que auditen, o sea, yo no estoy en contra de que auditen, quieren volver a auditar lo auditado que lo hagan. No han encontrado nada ni van a encontrar irregular en mi gestión", sostuvo.

Asimismo, cuestionó el rol del Órgano Interno de Control (OIC), señalando que ha estado ocupado por perfiles cercanos al partido oficialista con el fin de desacreditar a la institución.

"En el pasado encontró cosas muy menores y sancionó a los funcionarios eventualmente involucrados y sus investigaciones o sus presuntas irregularidades fueron desechadas por el órgano, por el tribunal Federal de Justicia Administrativa", recordó.

Nexo con Taddei

A la par negó que él haya "metido" a Taddei al mundo electoral o que sea responsable de su actual gestión, aclarando que, aunque fue designada por el Consejo General del INE en 2014 dentro de un grupo numeroso de consejeros locales tras una trayectoria en el servicio profesional, fue Morena quien propició las condiciones para su encumbramiento, pues impulsó las reformas que otorgaron facultades directas a la Presidencia del INE para nombramientos y licitaciones sin la debida contención colegiada.

De igual forma, rechazó los señalamientos de que su administración permitió la operación de contratistas ligados a red de corrupción de Taddei, pues explicó que el mercado de insumos electorales ha arrastrado tendencias oligopólicas desde hace 25 años, una situación de competencia que corresponde vigilar a la Cofece y a la Secretaría de Economía, no de manera directa al INE.

Incluso, recordó que para evitar la dependencia de dicho mercado oligopólico, durante las elecciones federales de 2015 y 2018 bajo su presidencia se encomendó la producción de boletas y documentación a Talleres Gráficos de México.

Córdova afirmó que se defenderá del hostigamiento y persecución política por parte del oficialismo porque "al poder autoritario se le combate así, defendiendo la democracia y la institucionalidad frente a los abusos del poder, sin importar el signo ideológico".

Presente

María Marván Laborde, exconsejera del Instituto Federal Electoral (IFE), sostuvo que la investigación sobre presuntos actos de corrupción en el INE durante la gestión de la expresidenta Guadalupe Taddei no debe convertirse en una cacería de brujas retroactiva ni en una estrategia para desviar la atención.

La también investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que con la orden de fiscalizar los últimos 25 años del instituto, desde la época del IFE, hay el riesgo de fabricar culpables y debilitar la democracia en momentos tan difíciles como los que vive el INE

Es indispensable "desenmarañar" el problema y distinguir claramente los responsables antes de acusar o pretender repartir culpas hacia administraciones pasadas, añadió.

"Decir que estos señores han sido proveedores desde los noventa no significa que desde entonces todas las compras se hayan hecho mal. Tratar de embarrar a todos pensando que así el problema es menos grave no le hace ningún favor a la democracia. Pasamos de un discurso de 'no somos iguales' a decir 'los otros también lo hacían'".

La exconsejera del IFE también señaló que revisar el pasado es sano, pero advirtió sobre las intenciones políticas detrás de esta medida.