Por esto, el Defensor del Pueblo, Federico Núñez Burgos, manifestó su preocupación en una nota enviada a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, por las modificaciones al sistema de jubilaciones y pensiones, ya que podrían generar consecuencias negativas para este sector de la sociedad, al ser una medida “inconstitucional e inadmisible jurídicamente”afectando la seguridad jurídica y la previsibilidad económica de los beneficiarios al ser solamente a criterio discrecional del Poder Ejecutivo Nacional.
Según explicó, esto generaría una falta de estabilidad o seguridad para el sector pasivo, frente a la inflación fluctuante del país, lo que necesitan realmente son políticas que resguarden su bienestar.
Ante esto, dijo que es necesario mejorar una forma de actualización automática de las prestaciones de seguridad social que permita recomponer el valor real de las prestaciones que sean acorde a la realidad y puedan sostenerse en el largo plazo.
